Desde mayo de 2025 la representación legal de las personas trabajadoras hemos estado negociando con la empresa el nuevo Plan de Igualdad, tal y como obliga la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el Real Decreto 901/2020, que regula su elaboración y registro, y el Real Decreto 902/2020, sobre igualdad retributiva.
Durante estos meses se ha analizado el diagnóstico preceptivo de situación. Los datos son claros: las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para corregir desigualdades estructurales. Por ello, desde la parte social hemos propuesto medidas reales, evaluables y con mecanismos de seguimiento efectivos para avanzar hacia una igualdad material y no meramente declarativa.
Sin embargo, el bloqueo ha llegado en un punto esencial: el Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, instrumento obligatorio conforme al artículo 48 de la LO 3/2007 y a la normativa preventiva (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales), que impone a las empresas el deber de garantizar la seguridad y salud —incluida la psicosocial— de la plantilla.
La empresa ha excluido a la representación legal de las personas trabajadoras de la participación en la gestión e investigación de los procedimientos derivados del protocolo.
Desde CGT lo decimos con claridad: un protocolo sin participación sindical carece de garantías suficientes. No puede diseñarse un sistema de investigación de conductas gravísimas —que afectan a la integridad física y psicológica de las víctimas— dejando fuera a quienes ostentan la representación colectiva reconocida en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye competencias en materia de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral y de igualdad.
Un protocolo de acoso no puede convertirse en un mecanismo opaco, gestionado unilateralmente por la dirección de la empresa. Debe ser un procedimiento garantista, transparente, con participación sindical, que proteja a las víctimas, evite represalias y asegure imparcialidad.
Ante la negativa empresarial a introducir estas garantías, la parte social no ha firmado el Plan de Igualdad. La empresa nos ha comunicado que va a registrarlo unilateralmente.
Desde CGT advertimos que el registro administrativo no legitima un contenido que vulnera el espíritu y la finalidad de la normativa de igualdad. Estamos estudiando todas las acciones legales oportunas para defender los derechos de la plantilla y la legalidad vigente.
El Plan incluye nuevas medidas que analizaremos y explicaremos en próximos comunicados. Pero lo que es innegociable es: la igualdad real en Tecnilógica no se construye excluyendo a las personas trabajadoras a través de sus representantes.